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RedacciónTres pisos recién reformados, uno de ellos ya reservado, y una decisión: no alquilarlos por ahora. Es lo que ha hecho Javier Medina, un propietario de 31 años con 11 viviendas. Lo contaba en 'La Mesa', el programa de Antena 3 que presenta Cristina Pardo, donde también destacaba su frase, "He retirado tres viviendas de alquiler por esta inseguridad".
Para entender el ruido de fondo toca ordenar fechas, porque la política ha ido bastante más deprisa que los inquilinos y los propietarios. El Congreso rechazó el viernes 2 de octubre de 2026 los dos decretos-ley de vivienda del Gobierno. Del de los contratos de alquiler, ya habían dicho que no PP, Vox, Junts, UPN y PNV. El 5 de octubre Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes y las elecciones del 29 de noviembre y el 6, el Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos.
Eso sí, aprobado no quiere decir convalidado. Uno de ellos es el Real Decreto-ley 28/2026, que fija una fecha de entrada en vigor: el 15 de noviembre. Junto al otro decreto, tiene que pasar por la Diputación Permanente del Congreso, que prevé votarlos el 12 de noviembre. Según el mismo texto del BOE, una vez cumplido el plazo inicial el contrato se prorroga "tácita y obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años" (siete si el arrendador es una persona jurídica), y el casero que no quiera renovar debe avisar con al menos seis meses de antelación. La referencia a finales de 2028 que circula pertenece a otra norma, el Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre: permite al inquilino pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años si su contrato termina antes del 31 de diciembre de 2028.
¿Y qué hace un propietario en mitad de todo esto? Pues, en el caso de Medina, quitar de en medio lo que puede. Las tres viviendas de Javier Medina eran las pocas que tenía sin inquilino durante la incertidumbre legislativa: las acababa de reformar, las sacó al mercado y, con dos reservas ya hechas, esperó cuatro o cinco días antes de firmar nada. Piensa, eso sí, que no es el único, y asegura que lo que han hecho "los propietarios, los inversores" desde que se presentaron las medidas es "retirar preventivamente". Seguirá alquilando otras viviendas, porque necesita esos ingresos para pagar las propiedades.
Lo cierto es que su malestar no es solo económico, también es jurídico: "Entendía que en una democracia si una ley por mayoría se rechaza, pues no se puede volver a presentar de otra forma por la puerta de atrás", y añade que no cabe "cambiando cuatro cosas para que no sea fraude de ley".
Medina calcula que paga unos 2.000 euros al mes de hipotecas y más de 800 euros de otros gastos, sin contar los impuestos, y suma seguros de impago, porque, dice, "ante un impago estamos viendo que el Estado no se hace responsable". Tres pisos menos, por tanto, abren un agujero en su economía.
Queda su mayor preocupación, la de los contratos que ya tiene en marcha. "Ahora me están diciendo también que los alquileres se van a prorrogar tres años, entonces yo tengo contratos de hace cinco que finalizaban ahora y que, según esto, podrían seguir hasta indefinidos", se queja. Lo de los tres años tiene algo de base, aunque limitada: el texto del BOE contempla prórrogas anuales, hasta un máximo de tres años, solo en zonas de mercado residencial tensionado, si lo pide el inquilino. Las renovaciones generales, como decíamos, son las de cinco años.
Imagen | Wikimedia / La Mesa
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