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RedacciónMantener las carreteras no es una cortesía de la Administración, sino un mandato legal, algo que el texto refundido de la Ley de Tráfico atribuye al titular de la vía, en su artículo 57, con la responsabilidad de mantenerla “en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, fórmula se repite en el artículo 139 del Reglamento General de Circulación. El problema viene cuando eso no se cumple o no se hace lo máximo posible.
Eso sostiene Juan Carlos Toribio, exguardia civil de Tráfico y experto en seguridad vial. Carga contra las administraciones al denunciar que “Hay un abandono importante”, y asegura que se van pasando la pelota sin que nadie haga nada. Su diagnóstico sobre el dinero es tajante: “La falta de dinero […] destinado a la conservación de carreteras es el mayor cáncer que tiene ahora mismo la carretera, además de la ausencia de interés por respetar la ley”. Del mismo modo, detalla que hay “partidas presupuestarias que llenan otros espacios que a lo mejor no son de obligado cumplimiento legal”, mientras que en las carreteras, donde mantenerlas en las mejores condiciones posibles de seguridad sí lo es, falta lo básico.
Según Toribio, “en muchísimas ocasiones se está desobedeciendo el ordenamiento jurídico”, en concreto esos dos artículos, y añade que “vemos cómo se está incumpliendo constantemente la ley”. Al mismo tiempo señala que “estamos constantemente abriendo expedientes y denunciando este tipo de situaciones desde la Unión Internacional de Defensa Motociclistas”, y que en todas esas denuncias piden lo mismo: “que se implemente la partida destinada al mantenimiento y conservación de las carreteras”.
¿Y de cuánto dinero hablamos? Según la auditoría recogida por El Independiente el 3 de julio de 2025, elaborada por la Asociación Española de la Carretera (AEC), el 52% de la red interurbana analizada (estatal, autonómica y de diputaciones, sin autopistas de peaje y sin Canarias) está en estado grave o muy grave. El déficit acumulado de conservación asciende a 13.441 millones de euros, según la misma auditoría.
La falta de formación como principal escollo para las investigaciones
Los accidentes son el segundo frente. ¿Se investiga lo suficiente el estado de la vía cuando hay un siniestro? Toribio es rotundo: el grupo que investiga “está obligado a hacerlo”, pero matiza que a menudo no tiene formación en carreteras: en el programa formativo no se enseña “esa 8.1 de señalización vertical, esa norma técnica 8.2 de horizontal, esa norma técnica de la 8.3 de señalización de obras”, entre otras muchas normas técnicas que, dice, la gente desconoce. “El problema es que la gente solo se ha preparado para mirar cómo está el vehículo y qué ha hecho el conductor”, añade.
Resultado, según el exguardia civil: sólo se responsabiliza al conductor. Menciona dos normas internas, una que dice que “hay que denunciar, buscar una causa para denunciar al causante del accidente; por lo tanto, ya está juzgado en el propio accidente”. Y otra, que “no se denuncie el estado de las carreteras, que simplemente se informe de cuál es la situación”, lo que según él “contraviene el ordenamiento jurídico en este país”.
Toribio cita el Real Decreto 320/1994, sobre el procedimiento sancionador en materia de tráfico, y el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 6/2015, que a su juicio obliga a denunciar este tipo de situaciones. Conviene precisar que el texto de ese artículo habla de que los agentes de vigilancia del tráfico deben denunciar “las infracciones que observen”, sin mencionar el estado de la vía: esa lectura es suya.
No obstante, concluye que tienen “una orden que la DGT sabe que está y que contradice ese ordenamiento técnico”. Concluye que si no se le da la información al agente, “no puede aparecer en el informe esa información que se está omitiendo, pero no porque la gente quiera, sino porque a la gente no se le ha proporcionado”.
Foto | Juan Carlos Toribio (vía YouTube)
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