El Ayuntamiento de Fuente Álamo deniega el empadronamiento en los 22 apartamentos ilegales de la antigua granja avícola de Cuevas de Reyllo

Una veintena de solicitudes de empadronamiento, y una veintena de negativas. Ese es el balance que ha dado hasta ahora el Ayuntamiento de Fuente Álamo a los inquilinos del residencial levantado sin licencia en una antigua nave avícola del Paraje Las Beatas, en Cuevas de Reyllo, según confirmaron fuentes municipales a LA VERDAD, el 6 de octubre de 2026.

A quienes llaman a la puerta del padrón el Consistorio, el Ayuntamiento les responde que se trata de un "proyecto de obra con graves problemas legales y judicializado por carecer de licencia". Y añade, ya con más detalle, que "no se pueden consolidar derechos de residencia en un complejo bajo investigación penal y que carece de las garantías mínimas de seguridad y habitabilidad que certifica una licencia de ocupación".

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que retroceder hasta enero de este año, cuando la empresa promotora, con sede social en Orihuela, planteó adaptar las construcciones como "granja escuela". Presentó una memoria técnica con una escritura notarial de obra nueva por antigüedad, fechada en septiembre de 2025, que declaraba que los veintidós apartamentos "ya existían desde hacía más de diez años". Con ese punto de partida, sostuvo el promotor, cabía tramitar una "autorización excepcional en suelo no urbanizable compatible con la iniciativa de granja escuela".

Una granja escuela de pega

El Ayuntamiento, con el aval de la Consejería de Fomento, contestó que el proyecto no reunía los requisitos técnicos u organizativos "que exige la normativa urbanística de la Región de Murcia para la declaración de utilidad pública". Esa declaración era la que habría permitido tratar el suelo rústico como "susceptible de urbanización". El Consistorio insiste en que las obras de reconversión "son recientes y se ejecutaron de manera clandestina, sin soporte documental que acredite la antigüedad declarada por los promotores".

Lo cierto es que el expediente venía de antes. Según el Ayuntamiento, el año pasado se detectaron reformas estructurales en la nave con las que la promotora estaba convirtiendo el espacio en viviendas independientes, "careciendo por completo de permisos, proyectos aprobados o licencias de primera ocupación". Como ya publicara el mismo diario, hubo varios decretos por distintas infracciones urbanísticas por la vía administrativa y, ante el caso omiso a los requerimientos de paralización, el Gobierno local trasladó el expediente a la fiscalía. El asunto acabó en el ámbito penal por un presunto delito "contra la ordenación del territorio", y las mismas fuentes municipales explican que la causa está en fase de instrucción, a la espera de la apertura de juicio.

Mientras tanto, el residencial siguió llenándose. Según esas fuentes, comenzó poco a poco a recibir inquilinos, la mayoría inmigrantes magrebíes y de otros países africanos, y a día de hoy está completo. La promotora ha vallado todo el perímetro, ha puesto una barrera de acceso en la entrada y ha contratado a un vigilante. Está previsto, según las fuentes consultadas, que el asunto se debata próximamente en el Pleno.

Imagen | Wikimedia

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