Obligan a rebajar el alquiler del Burger King del Boulevard de San Sebastián por las pérdidas de la pandemia

Pocas esquinas de Donostia ven pasar tanta gente como la que forman la calle Oquendo y el Boulevard, y en una de ellas, a la vista de todos, lleva años cociéndose un pleito entre una de las grandes cadenas de comida rápida y su casera. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa acaba de resolverlo en apelación: Burger King pagó de más durante la pandemia y la propietaria del local tendrá que devolverle parte del dinero. Solo una parte, porque la cadena pedía bastante más.

El fallo anula la sentencia de primera instancia (que desestimaba la demanda) y establece una reducción del 25% de la renta de ocho mensualidades. El motivo es la existencia de la cláusula 'rebus sic stantibus' que permite la revisión de un contrato ante cambios sustanciales e imprevisibles en las circunstancias que rodean a su celebración. En este sentido, la Sección Segunda entiende que la situación generada por las restricciones del covid-19 ha provocado un grave desequilibrio entre los ingresos de Burger King y sus pagas.

Es importante comprobar el contrato. Éste fue firmado el 29 de junio de 2015 por un periodo de 25 años. La renta anual es de 99.756€ al año (unos 8.313 €/mes + IVA). Además de los gastos de comunidad y suministro. Es decir, una larga apuesta que nadie pensaba iba a dar problemas por una pandemia. En el año 2020 el restaurante cerró el día 14 de marzo, por el primer estado de alarma. No volvió a ponerse a disposición de los clientes para servicio a domicilio hasta el día 8 de abril. Y cuando ha podido volver a abrirlo ha sido limitando aforo, horario y movilidad.

Los números son contundentes. En un informe pericial presentado por la cadena, se detalla como, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las ventas cayeron un 46% respecto a los doce meses anteriores. De 1,64 millones se pasaron a unos 893.000 euros. En los meses de marzo y abril de 2020 las ventas se redujeron entre un 75% y un 77%. Aunque se ha incrementado la venta a domicilio, de un 16% a un 40% de las ventas, el resultado operativo es negativo (-37.595 euros), según el mismo informe.

Burger King podría haber desistido del contrato

La propietaria, que es una sociedad que compra inmuebles, pequeña empresa familiar si la comparamos con el gigante de la comida rápida, ha defendido que la cadena ha corrido el riesgo de negocio, además de que puede abandonar el negocio con solo avisar con tres meses de antelación después de los primeros cinco años. También ha destacado que el restaurante sigue siendo rentable. Además, ha indicado que ya ha ofrecido posibilidades de aplazar los pagos y hasta ha condonado una mensualidad. Ha ganado en octubre de 2023.

Sin embargo, la Audiencia piensa otra cosa. Poder marcharse no obliga a nadie a renunciar a un contrato de larga duración por una situación excepcional y temporal, y no hay que olvidar que, de haberse ido antes de cumplir los cinco primeros años, Burger King habría tenido que pagar las rentas pendientes de ese periodo. Los magistrados tampoco ven que las cláusulas habituales de riesgo empresarial cubran de forma automática una crisis sanitaria mundial ni las restricciones de las administraciones: en 2015, una pandemia no estaba en el guion de ninguna de las partes.

Indemnización, pero a la baja

¿Y por qué solo el 25%? Porque el tribunal limita la rebaja al tiempo en que está acreditado el desequilibrio y reparte sus consecuencias entre ambas partes. Rechaza así el 50% durante dos años que reclamaba la cadena. El descuento afecta a marzo de 2020 y a los meses de agosto de 2020 a febrero de 2021; abril, mayo, junio y julio de 2020 se quedan sin rebaja porque la mensualidad condonada ya compensó, a juicio de la Sala, las pérdidas de esos meses.

Tampoco hay descuento a partir de marzo de 2021. Los datos del procedimiento mostraban una recuperación notable ese año, hasta alcanzar un volumen de negocio parecido al de antes de la pandemia, de modo que la cadena no probó que las pérdidas continuaran durante el resto del periodo que pedía.

Ahora la propietaria deberá devolver el exceso cobrado en las mensualidades afectadas, una cantidad que podría rondar los quince mil euros. La sentencia todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, y a día de hoy nadie ha dicho la última palabra.

Imagen | Generada con IA

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