Pistachos contra el Jarama: una plantación en Valdetorres sulfura al vecindario y a los ecologistas

Fresnos centenarios talados, paseos vallados, un pozo del pueblo usado sin autorización, corzos que no llegan al río y una megaplantación de pistachos en medio de todo. Ese es el panorama que describe El País sobre Valdetorres del Jarama, donde la empresa Sancorganic explota 500 hectáreas dedicadas al cultivo "ecológico" del pistacho. Según ese diario, una décima parte de la finca está junto a la Red Natura 2000 y a un monte de utilidad pública, y aun así la Comunidad de Madrid autorizó convertir en agrícolas más de 50 hectáreas que eran forestales.

Hay que decir que aquí cada denuncia tiene su réplica. Vecinos y ecologistas señalan al alcalde, al Gobierno regional y a la compañía; ellos responden que actúan conforme a la ley. Vamos por partes.

La valla: una multa pagada y corzos en el alambre

Los trabajos empezaron en 2022. Según María Ángeles Nieto, portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña, la empresa valló la zona invadiendo la Red Natura 2000, y la Consejería de Medio Ambiente la sancionó por ello. Sancorganic cuenta otra versión: dice que retranqueó el vallado para no ocupar espacios protegidos, vías pecuarias ni monte público, y que pagó la multa. Esa sanción, de 3.500 euros e impuesta el 2 de diciembre de 2022, se debió a la retirada de terreno forestal y vegetación al levantar el cercado, y afectó a unos 978 metros cuadrados de monte de utilidad pública. La empresa atribuyó entonces el fallo a un error del topógrafo.

El vallado tuvo consecuencias en la fauna. Hay imágenes de corzos muertos en la valla y de otros que intentan cruzarla para beber en el río. La compañía asegura que tomó medidas y que los animales ya no tienen problemas para llegar al agua. Nieto denuncia además que Sancorganic taló fresnos centenarios con la excusa de podarlos, mientras que la empresa replica que la actuación la supervisaron agentes forestales y se hizo "conforme al procedimiento".

El pozo, los caminos y el alcalde

La empresa empezó a regar los pistachos ya plantados con agua de un pozo de gestión municipal. Por eso la Confederación Hidrográfica del Tajo (organismo del Ministerio para la Transición Ecológica) multó al Ayuntamiento con 212.149 euros, según la misma información de Infobae. El organismo confirmó a El País que en 2022 inició los trámites para sancionar un sondeo "con equipo de extracción activo" del que se sacaba agua para regar pistachos sin concesión, y que ahora está en tramitación un expediente para regularizarlo. Miguel Caselles, portavoz de Somos Silillos (la asociación que reúne a los vecinos más afectados), considera "increíble" que "todos los vecinos" tengan que pagar esa penalización. El alcalde, José María de Diego y Sancorganic prefieren no hablar del asunto porque la multa está judicializada.

Somos Silillos denuncia también el vallado de caminos "tradicionales" que se usaban "durante generaciones" para llegar al espacio natural del Jarama. Ahora, cuentan, hay que caminar ocho kilómetros para alcanzar la ribera, con entrada y salida únicas por una vía pecuaria y la servidumbre de paso de un arroyo. El Ayuntamiento esgrime que "no se ha acreditado" que esos trazados sean caminos públicos municipales, y la empresa explica que compró terrenos privados en desuso donde los vecinos solían pasear: los ha vallado para proteger la plantación, aunque las dos vías pecuarias que cruzan la finca se pueden transitar sin problema.

Caselles menciona, además, el cierre en 2023 de un espacio público municipal de cuatro hectáreas donde la gente hacía picnics y que, asegura, ahora usa en exclusiva la pistachera. De Diego contesta por escrito que el Consistorio lo vació de visitantes por el mal estado de una antigua balsa de agua, como medida de precaución. El portavoz vecinal no se queda ahí y acusa al regidor de no haber hecho "absolutamente nada" ni haber puesto nunca una objeción a la empresa. El alcalde responde que muchas quejas no son de su competencia, y que atender las inquietudes del vecindario es una cosa y otra distinta son las potestades de autorización, inspección y sanción de otras administraciones, que "sintiéndolo mucho" le limitan en su día a día.

De forestal a agrícola: el cambio de uso

El último paso de Sancorganic ha sido pedir a la Comunidad de Madrid el cambio de uso de 56 hectáreas, que pasarían de suelo forestal a suelo agrícola. Nieto lo resume así: no basta con talar y quitar la vegetación, hay que transformar el terreno y nivelarlo para plantar, de modo que se perdería una zona forestal en buen estado y de gran valor en un pueblo con muy poco monte.

El informe de impacto ambiental fue favorable. Consta en una resolución del 16 de febrero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 3 de marzo. La activista critica que se hiciera por la vía simplificada, que ni siquiera lleva aparejado un periodo de opinión pública. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que dirige Carlos Novillo, no contestó a las preguntas de El País, pero sí valoró que "está todo en orden", con evaluación de impacto ambiental favorable y autorización para el cambio de uso y la plantación.

Jorge Agudo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, va bastante más lejos: a su juicio, el proceso ha estado "plagado de irregularidades" y de falta de transparencia. Cree que el informe debería haber recogido que la explotación afecta a corredores ecológicos que la propia Comunidad reconoce como tales, y que el proyecto se divide en dos fases para no mostrar todos los recursos naturales que va a consumir. Agudo añade que el Ayuntamiento no ha dado acceso a la documentación reclamada, algo que el alcalde niega.

Una compensación a 80 kilómetros

A cambio, Sancorganic tendrá que reforestar 125 hectáreas en Fuentidueña del Tajo. Caselles no se lo toma bien: "Nos sentimos humillados", dice, porque en su pueblo se elimina el bosque de forma irreparable y la reforestación queda a 80 kilómetros.

La empresa, por su parte, detalla que ya ha plantado unos 100.000 árboles en el entorno de Valdetorres que darán pistachos ecológicos; es decir, sin fertilizantes que aceleren el crecimiento, así que el fruto tardará cinco o seis años. Para Caselles es "surrealista" llamar ecológico a un producto con ese historial, y Nieto va un paso más allá: tras destruir el bosque y sus humedales y alterar la topografía, dice, llamarlos así es "rizar el rizo". Su conclusión: "La impotencia es tremenda. Las administraciones que deberían velar por la conservación de estos espacios son las que autorizan su destrucción".

Imágenes | Generada por IA, Wikimedia

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