La Fiscalía Europea envía a la UCO al Ministerio de Igualdad por un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato

Moncloa
  • Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han pedido documentación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas por una investigación sobre fondos europeos

  • La ministra Ana Redondo asegura que el dinero se ha empleado "correctamente" y que habrá "transparencia absoluta"

El 12 de noviembre de 2026, un jueves sin mayor aviso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron en la sede del Ministerio de Igualdad y, después, en el Tribunal de Cuentas, con un encargo muy concreto: reclamar documentación sobre las pulseras de protección que vigilan a los maltratadores. Detrás de la visita hay una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) sobre un presunto fraude en la compra de esos dispositivos, en la que se habrían utilizado fondos de la Unión Europea.

Qué dice la Fiscalía Europea. El organismo, que se encarga de investigar y llevar a juicio los delitos contra el dinero comunitario, explica que las diligencias se enmarcan en una pesquisa por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a adquirir pulseras telemáticas, tanto para vigilar el cumplimiento de medidas cautelares como de condenas por violencia de género. Las pesquisas arrancaron en 2025 y, tras comprobar lo que tenía entre manos, el organismo abrió una investigación formal. De momento no ha detallado a quién investiga ni por qué importe, y tampoco confirma qué contrato es el que está examinando.

Los contratos que miró el Tribunal de Cuentas. La presencia de la UCO en el Tribunal de Cuentas no viene de la nada: en septiembre de 2026, el órgano fiscalizador concluyó que el sistema de pulseras que gestiona Igualdad presentaba "graves deficiencias". Llegó a esa conclusión analizando los contratos de 2018, 2021 y 2023, que suman 102,6 millones de euros.

Un problema que ya había saltado. En septiembre de 2025, la memoria anual de la Fiscalía General del Estado advirtió de que se estaban produciendo "una gran cantidad" de absoluciones de maltratadores por "múltiples fallos" en las pulseras de control, lo que levantó un revuelo considerable. Y el contrato más reciente, el de 2023, se adjudicó cuando Irene Montero dirigía el departamento a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas Seguridad, con la condición de que presentasen un plan para traspasar los datos de las usuarias y los usuarios del sistema de una compañía a otra; un plan que la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género había calificado de "deficiente" y "poco preciso". En mayo, Igualdad volvió a apostar por Vodafone para el servicio, a pesar de la multa que la compañía recibió por los fallos del contrato anterior.

La versión del Gobierno. Ese mismo jueves, la ministra Ana Redondo ofreció "transparencia absoluta" y dijo que le "consta" que el dinero se ha empleado "correctamente". "No es nada nuevo. Es una investigación que está abierta", afirmó en la rueda de prensa en la que presentaba la campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y añadió que la colaboración con la Fiscalía Europea y con el Tribunal de Cuentas es "total y absoluta" desde hace meses.

Lo que ya había avisado Bruselas. En noviembre de 2025, la Comisión Europea anunció que examinaría los fallos de las pulseras, porque su correcto funcionamiento forma parte del hito 472 del plan de recuperación. El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que su cumplimiento se evaluaría cuando el Gobierno presentase la solicitud del pago correspondiente, algo que todavía no había ocurrido en aquel momento.

Imagen | La Moncloa

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