Un vecino de Casabermeja se enfrenta a 15 meses de prisión por instalar una casa móvil en suelo rústico

La Fiscalía de Málaga solicita 15 meses de prisión para un vecino de Casabermeja al que acusa de un delito contra la ordenación del territorio por colocar una casa móvil de segunda mano en una parcela rústica, según ha adelantado Málaga Hoy a partir del escrito de la defensa. Se trata de una petición del Ministerio Público, no de una condena: el caso está pendiente de juicio.

El acusado compró en 2022 una finca de 3.127 metros cuadrados clasificada como suelo rústico común. Su abogado, Miguel Ángel Escalante, del despacho malagueño Escalante & Botello, sostiene que la estructura es un bien mueble y no una construcción: está apoyada sobre ruedas, carece de cimentación y, según un informe de la empresa que la suministró, puede retirarse "en cuestión de unos minutos".

La defensa añade que su cliente nunca ha vivido en la parcela ni está empadronado en ella, y que ni la Guardia Civil ni el técnico municipal hallaron a nadie residiendo allí. Su propósito, afirma, era guardar aperos y cultivar un pequeño huerto. 

Junto a la finca existían dos depósitos, un contenedor y el vallado, pero según el letrado ya estaban allí antes de la compra y aparecen en vídeos grabados entonces. Por tanto, la defensa considera que no se le pueden atribuir. 

Aunque no es lo habitual, tras un intento fallido de notificarle en la parcela, se dictó una orden de busca y captura contra el acusado, que fue localizado poco después en su domicilio habitual. La defensa lo presenta como prueba de que no vivía en la finca.

Una pelea inacabable en los tribunales

Rodar y rodar: El argumento de las ruedas parece tener poco recorrido. La Sala de lo Contencioso del Supremo fijó en diciembre de 2024 que una casa móvil debe asimilarse a una casa prefabricada, no a un remolque. Así, colocarla supone un uso del suelo sujeto a autorización urbanística (sentencia 1917/2024).

Suelo úrbano o rústico, la gran pelea: La tesis del "bien mueble" tampoco es nueva. Un vecino de un municipio cacereño ya alegó que una casa con ruedas puede estacionarse en una finca como un camión o un coche, y la Diputación de Cáceres lo abordó en un informe jurídico de 2022 sobre cómo proceder ante estas instalaciones en suelo rústico. Mucho antes, en 2009, un juzgado de Zaragoza consideró infracción grave una caseta que conservaba las ruedas pero estaba anclada a una solera de hormigón, porque lo relevante era el cambio de uso del suelo.

Que se pueda desmontar no vale de nada: En la vía penal, el alto tribunal confirmó el pasado abril una condena en la propia provincia. El caso afectaba a una parcela de suelo no urbanizable común en Cártama, y la resolución recordó que una vivienda prefabricada no escapa a la normativa por ser desmontable o transportable (sentencia 317/2026).

Hay un precedente casi idéntico en Madrid. La Audiencia Provincial confirmó ocho meses de prisión, multa y demolición para dos propietarios que instalaron una mobile home en suelo protegido de El Molar. Allí, sin embargo, los acusados tenían su residencia habitual en la parcela, algo que en Casabermeja la defensa niega.

Qué se juega el acusado

El tipo básico de este delito prevé de uno a tres años de prisión, multa e inhabilitación profesional, por lo que la petición fiscal se sitúa cerca del mínimo. Al ser inferior a dos años, la pena podría quedar en suspenso si el acusado carece de antecedentes. La consecuencia práctica más probable de una condena sería la retirada de la instalación a su costa. La defensa sostiene que, de existir alguna irregularidad, debería resolverse con un expediente administrativo y no por la vía penal. 

Otro frente abierto en el municipio

No es el único conflicto por viviendas móviles en Casabermeja. En junio, la Junta de Andalucía paralizó el precinto de Finca Colores, donde ocho familias viven de alquiler en casas prefabricadas, al comprobar que eran sus residencias habituales. El expediente sigue abierto contra el propietario por instalarlas sin licencia en suelo preservado, según publicó Diario Sur. La finca se encuentra en la zona de protección territorial de los Montes de Málaga.

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