Una familia quiso vivir solo con paneles solares, agua de pozo y un huerto. Hasta que Italia le quitó a sus hijos

Casa De Campo
  • Un tribunal de L'Aquila retiró en noviembre de 2025 a tres menores de sus padres, que vivían sin conexión a la red en un bosque de Abruzzo, y el litigio seguía abierto en abril de 2026

  • Mientras Italia discute dónde acaba la libertad de los padres, el modo de vida off-grid gana terreno en España con reglas bastante claras sobre energía, agua, vivienda y escuela

En lo alto de un bosque de Palmoli, en la región italiana de Abruzzo, una casa de piedra con paneles solares, agua de pozo y un baño compostable hacía de hogar desde 2021 para Nathan Trevallion, Catherine Birmingham y sus tres hijos, una familia de origen australiano y británico que había decidido vivir al margen de la red. Aquello terminó el 20 de noviembre de 2025, cuando un juez ordenó retirar a los niños de la custodia familiar. La historia de esta familia pasó de ser un proyecto de vida a todo asunto político de primer orden.

Del hospital al tribunal. Aunque la casa en la que vivían era precaria, para ellos era suficiente. Tenían electricidad gracias a la energía solar, agua de un pozo y una zona de compostaje al aire libre que hacía las veces de inodoro. Pero las cosas se torcieron en otoño de 2024, cuando toda la familia acabó hospitalizada por una intoxicación accidental con setas, un episodio que puso a los servicios sociales sobre su pista. Un informe técnico describió la vivienda como una "ruina" sin condiciones adecuadas para criar a los menores. A ello se sumaron la falta de escolarización, la ausencia de seguimiento pediátrico y un aislamiento casi total. Todo ello fue suficiente motivo para que el tribunal de L'Aquila les retirara la patria potestad y se trasladara a los niños a un centro en el que se permitió a la madre quedarse con ellos de forma temporal.

La decisión provocó un terremoto político, con dirigentes y varias asociaciones judiciales denunciando presiones del Gobierno. Más de 150.000 personas firmaron peticiones en internet para que los menores volvieran con sus padres.

A principios de 2026 llegaron nuevos problemas. El 6 de marzo, Catherine fue apartada del centro de acogida de Vasto tras una visita en la que, según los informes de los servicios sociales, se mostró hostil e incitó a otros residentes contra los educadores. A partir de aquel momento, el contacto con sus hijos quedó limitado a videollamadas. Más tarde, el 3 de abril, el psiquiatra Tonino Cantelmi y la psicóloga Martina Aiello presentaron ante el juzgado un informe en el que advertían de signos de angustia psicológica y de un trauma profundo por la separación, descartaban cualquier indicio de maltrato por parte de la madre y pedían reunir a la familia de forma "urgente e ineludible".

Fuego cruzado entre instituciones. Cuando el caso salió de los muros del centro, la defensora del Pueblo para la Infancia de Abruzzo, Marina Terragni, visitó a los menores en marzo y denunció públicamente una "notable agitación psicomotora" y un trauma evidente por los repetidos cambios. Los servicios sociales respondieron acusándola de exponer a sus profesionales al juicio público con afirmaciones que, a su juicio, no se correspondían con la realidad. Para ellos, el ambiente en la casa había vuelto a ser "sereno" pero la tensión llegó incluso a los gritos dentro del propio juzgado, y la jueza del Tribunal de Menores, Cecilia Angrisano, que tuvo que ponerse bajo escolta policial por las continuas amenazas que recibió en redes sociales.

Foto de Damir K

Una casa nueva en Palmoli. Mientras los tribunales deciden, la familia intenta cumplir lo que se le exige: Nathan entregó al Ayuntamiento de Palmoli un plan de estudios personalizado, respaldado por la Fundación Libera Schola de Milán e inspirado en el método Waldorf-Steiner, la familia empezó a seguir el calendario de vacunación mientras que los niños reciben clases presenciales con una tutora desde enero. El propio municipio, además, ha cedido gratis una casa reformada de 70 metros cuadrados por un periodo inicial de dos años, financiada con fondos europeos PNRR y con paneles solares, calefacción y todas las garantías de salubridad, lo que despeja el principal reproche del juez. De momento sigue vacía, a la espera de que la familia esté al completo, según ha explicado Nathan. Mientras, todas las miradas apuntaban al Tribunal de Apelación, que tenía fijada una audiencia clave para el 21 de abril de 2026.

El off-grid también llega a España. Basta mostrar un poco de interés por la autosuficiencia en Instagram para que el feed se llene de familias deshidratando su comida, campers reformadas y parejas que viven medio año de lo que cultivan, una estética que se ha ido convirtiendo en filosofía de vida e incluso una forma de desconexión emocional. Detrás hay motivos de todo tipo: sostenibilidad, teletrabajo, ganas de autonomía, reacción a la crisis climática e incluso miedo, como el de comunidades como la ecoaldea de Tamera, en Portugal, que se preparan para un posible colapso del modelo actual.

En España, el movimiento ya no se limita a las ecoaldeas hippies de los años noventa: hoy lo adoptan ingenieros, teletrabajadores, familias urbanas ahogadas por el coste de la vida y extranjeros del norte de Europa. En el valle de Karrantza (Bizkaia), una familia dejó la ciudad para generar su propia energía y cultivar su comida, y en el País Vasco, Cantabria o el interior abundan las fórmulas híbridas (placas solares, estufas de leña, recuperación de agua) combinadas con escuela pública y vida comunitaria. Ecoaldeas como Matavenero, Lakabe o Arterra Bizimodu consolidan una repoblación rural basada en la sostenibilidad y la autogestión, y cada vez más familias británicas, alemanas u holandesas compran masías en Cataluña, la Alpujarra o Castellón. El precio de ese estilo de vida: convivir con jabalíes, tormentas y una burocracia nada menor.

Lo que dice la ley española. En energía, el Real Decreto 244/2019 regula el autoconsumo y no obliga a contratar suministro eléctrico, así que vivir con paneles aislados, baterías o pequeños generadores es legal siempre que la instalación cumpla las normas de seguridad y la ejecute un profesional autorizado. Legalizarla no es obligatorio, aunque sí aconsejable para acceder a ayudas, obtener certificados o contratar seguros específicos. Con el agua pasa algo parecido: las aguas subterráneas son dominio público, de modo que casi cualquier pozo necesita autorización de la Confederación Hidrográfica, y perforar sin permiso o extraer de un acuífero protegido puede acarrear sanciones importantes.

Vivir en un lugar apartado tampoco es ilegal siempre que la construcción tenga licencia, cédula de habitabilidad y unas condiciones mínimas de salubridad y seguridad, pero si en esa casa viven menores y presenta riesgos para su bienestar, las autoridades pueden intervenir. Y queda la escuela, el punto que, como en Italia, lo decide casi todo: España exige por ley que todos los menores de 6 a 16 años estén escolarizados en centros reconocidos, mientras que el homeschooling no está regulado y en la práctica se considera alegal. Una familia que educara a sus hijos solo en casa se expondría a expedientes por absentismo, visitas de servicios sociales y, en casos graves, medidas judiciales.

Imagen |Nika Khutsishvili

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