Los trabajadores textiles de Bangladesh, que cobraban 90 euros al mes, logran por fin una subida del salario mínimo tras días de huelga y protestas

Basta con darle la vuelta a la etiqueta de cualquier prenda de las grandes cadenas para que aparezca una y otra vez el mismo nombre: Bangladesh. No es casualidad, porque el país es el segundo mayor fabricante de ropa del planeta (solo China va por delante). Su industria textil da trabajo a más de cuatro millones de personas y ahora, buena parte de ellas está en huelga desde el 31, con protestas concentradas en el cinturón industrial de Mirpur, en la capital, Daca, pero repartidas también por otros puntos clave del país, con carreteras y autopistas cortadas y decenas de detenidos.

El miedo a los disturbios ha hecho gran parte del trabajo: más de 500 fábricas cerraron sus puertas mientras duraban los altercados. El Gobierno reaccionó creando una junta salarial (que ya había prometido montar a lo largo de este año) para estudiar las demandas, y el 4 de noviembre de 2026 acabó cediendo: se confirmó una subida del salario mínimo. En palabras de Babul Akter, representante de los trabajadores: "La nueva estructura salarial se implementará a partir de diciembre, y los trabajadores recibirán sus primeros salarios bajo la escala salarial revisada en enero". Es decir, enero de 2027.

Ahora les falta lo más importante por saber: cuánto van a subir sus salarios. De momento no hay cifra oficial, y la distancia con lo que se pedía en la calle es considerable. Los manifestantes reclamaban 30.000 takas al mes (unos 215 euros, un 140% más) porque ahora el mínimo está en 12.500 (unos 90 euros). Poco margen para unos trabajadores que han visto encarecerse mucho la vida en el país.

Llegar a fin de mes, hoy, es una odisea para muchas familias. El Business & Human Rights Resource Centre recogió testimonios como el de Laili Begum, que ya no puede permitirse mantener a sus dos hijos en la escuela y a veces ni siquiera logra poner una comida decente sobre la mesa. Entre los países de su entorno, los bangladesíes son quienes peor cobran, incluso con un sector que genera el 10% del PIB nacional.

Para Gema Gómez, fundadora de la plataforma Slow Fashion Next, consultora estratégica y autora de 'Shopping Detox' (Deusto), la subida es "una noticia positiva", pero conviene "ponerla en contexto". Recuerda una investigación de Clean Clothes Campaign, realizada entre mayo y agosto de 2026 a 1.094 trabajadores de la confección en Bangladesh, en la que el 89% afirmaba que su salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas de su familia. Otro dato del mismo estudio dice que el 76% de los encuestados no se siente capaz de hablar con libertad con los auditores que visitan las fábricas, algo que, en palabras de Gómez, "plantea preguntas sobre la eficacia de los mecanismos de control social utilizados por las marcas internacionales".

El peso de la ropa que nos ponemos

La confección es el motor económico del país: las exportaciones del sector generan el 80% de los beneficios totales, y los ingresos por ventas al exterior se han multiplicado por mil entre 1983 y 2025 hasta rondar los 34.000 millones de euros. Las protestas, además, caen en plena producción de la temporada de primavera-verano, y firmas como H&M, Zara o Uniqlo, por citar solo algunas, fabrican allí buena parte de su catálogo.

Han pasado más de trece años desde el derrumbe de Rana Plaza, la fábrica de ocho plantas de Daca que se vino abajo y se llevó por delante a 1.134 personas, y la industria sigue en el punto de mira de activistas y asociaciones. Denuncian las malas condiciones laborales y la falta de un compromiso real, por parte de propietarios, gobiernos y marcas internacionales, para mejorar toda la cadena. La anterior oleada de protestas fue en noviembre de 2023, cuando, tal y como detalló el mismo medio especializado en moda que informó de los cierres, los trabajadores pedían un salario de 195,40 euros y acabaron aceptando 88,30. Desde entonces el sueldo apenas se ha movido, a diferencia del precio de los alimentos, la vivienda, el transporte o los combustibles, en un país de unos 170 millones de habitantes con una inflación del 8% que ha mermado el poder adquisitivo.

Por delante hay otro frente abierto: Naciones Unidas ha aplazado la salida de Bangladesh del grupo de Países Menos Adelantados, una lista que se decide por renta per cápita, capital humano (nutrición, salud, escolarización, alfabetización) y vulnerabilidad económica, y que da acceso a ventajas comerciales como los aranceles reducidos. Gómez dibuja "dos escenarios": uno positivo, en el que el país aproveche estos años para modernizar su industria, diversificar y avanzar hacia empleos mejor pagados; y otro preocupante, en el que perder esas ventajas aumente la presión sobre precios y salarios, reduzca los pedidos o desplace la producción a otros países. Añade que los beneficios comerciales europeos están ligados a cumplir compromisos de derechos laborales, humanos, medioambientales y de buena gobernanza, de modo que mejorar las condiciones de los trabajadores también puede ser una ventaja competitiva. Y subraya la "responsabilidad fundamental" de las marcas internacionales en esta transición.

Imagen | Generada con IA

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