Jill Mather se jubiló en 2019 tras 45 años trabajando. Fue una mala época porque, al dejar de trabajar, descubrió que no tenía amigos en su barrio, Chatsworth, en el Valle de San Fernando (Los Ángeles). Había trabajado durante décadas en restaurantes, con semanas de hasta 80 horas, y pensaba dedicar el retiro a viajar y descansar. La pandemia lo impidió.

Empezó a caminar cada mañana y a fijarse en lo que había en las aceras: latas, botellas, desperdicios. Cogió unas bolsas y se puso a recogerlos. Después publicó un mensaje en la red vecinal Nextdoor invitando a quien quisiera a acompañarla. No esperaba nada, pero lo que surgió es el gran movimiento vecinal. 

El nacimiento de una nación: El mismo día del anuncio se presentó una docena de personas, que limpiaron un parque cercano. De ahí salió Volunteers Cleaning Communities (VCC), constituida formalmente en enero de 2021. Hoy, según Los Angeles Times, es uno de los mayores grupos de limpieza de la ciudad: sus miembros, en su mayoría jubilados de entre 60 y 80 años, salen seis días por semana por el oeste del Valle. Han surgido grupos derivados en el Valle Este, Brentwood y Santa Mónica, con unos 250 miembros en total y un boletín que llega a 3.000 personas.

La alucinante cifra: Mather afirma que en seis años los voluntarios han retirado casi 750.000 libras de basura, unos 340.000 kilos, sin contar los objetos voluminosos que dejan apartados para los servicios municipales. El dato lo da la organización y no hay modo de verificarlo independientemente, pero equivaldría a unas 57 toneladas al año.

Mucho más que ir por la calle: El trabajo no se limita a las aceras. Los voluntarios suben con un camión a las montañas de Santa Susana para retirar motos y lavadoras abandonadas. En 2022, el grupo había adoptado además un tramo de 5,6 kilómetros de la autopista 118, entre Tampa Avenue y Balboa Boulevard, en colaboración con Caltrans, el departamento de transporte estatal. Ese mismo año, unos 250 voluntarios limpiaron en una sola jornada 26 kilómetros de Ventura Boulevard.

Montañas de basura: La acumulación de residuos en Los Ángeles creció con la crisis de personas sin hogar, y el ayuntamiento redujo la limpieza viaria durante la pandemia por falta de personal. Mather sostiene que los servicios de saneamiento carecen de recursos para controlar el volumen diario de desechos, y que las jornadas mensuales de limpieza impulsadas por la alcaldesa Karen Bass no bastan para las zonas más degradadas. Aun así, evita señalar culpables. «Queremos que nuestras comunidades se vean bien», dijo al diario angelino. El concejal John Lee, que representa al oeste del Valle, atribuye al grupo que su distrito esté más limpio que otras partes de la ciudad.

Un vínculo real: El ejemplo de Jill Mather no es un caso aislado. Tras años de trabajar, de cuidar a familiares o de enviudar, los voluntarios dicen que el grupo les da un propósito y les saca de la soledad. Mather organiza una noche de juegos cada tres meses y una celebración mensual de cumpleaños. No todo el mundo entiende lo que hacen: a veces los toman por gente que ha cometido delitos y han sido condenados a servicios comunitarios.

Atar al perro a una cadena en la finca, dejarlo amarrado a la puerta del supermercado o tenerlo siempre en el balcón son prácticas que la Ley de Bienestar Animal limita desde hace tres años. No es una novedad: la Ley 7/2023 entró en vigor el 29 de septiembre de 2023. Lo que sigue sin estar claro para muchos propietarios es qué prohíbe exactamente, a quién no se aplica y cuánto cuesta incumplirla.

Qué prohíbe exactamente

La ley contiene dos prohibiciones distintas sobre animales atados, y conviene no mezclarlas.

• La primera está en el artículo 25, que se aplica a todos los animales de compañía y a los silvestres en cautividad, no solo a perros y gatos. Su letra l) prohíbe usar cualquier artilugio, mecanismo o utensilio destinado a limitar o impedir la movilidad del animal en un punto fijo. La única excepción es la prescripción veterinaria que atienda a su bienestar. Es la norma que afecta a la cadena o la cuerda permanente. No afecta a la correa del paseo.
• La segunda está en el artículo 27, específico para animales de compañía. Su letra d) prohíbe mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de la persona responsable. Es decir, aquí entraría el caso del perro amarrado a una farola mientras su dueño hace la compra. La letra f) añade la prohibición de llevarlos atados a vehículos a motor en marcha. Sí, aun tenemos que entrar a regular casos así. 

Una redacción duplicada que genera dudas

La norma se ha escrito de forma mejorable y eso dificulta entender algunos casos. Por ejemplo, el artículo 25 repite la misma prohibición dos veces. La letra n) reproduce la letra l) casi palabra por palabra, pero sin la referencia al punto fijo. Leída de forma literal, vetaría cualquier utensilio que limite la movilidad, lo que incluiría correas, arneses o transportines. Ninguna administración la aplica así, y las ordenanzas municipales suelen exigir precisamente que el perro vaya atado en la vía pública. Es un defecto de técnica legislativa que nadie ha corregido en tres años.

Balcones, terrazas y tiempo a solas

La ley no prohíbe que un perro o un gato esté en el balcón. Lo que prohíbe el artículo 27.e) es mantenerlos allí de forma habitual. La lista incluye terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares, además de vehículos. El matiz es decisivo: un rato al sol en la terraza es legal; vivir en ella, no.

El mismo artículo fija los límites de tiempo sin supervisión: 24 horas consecutivas para los perros y tres días consecutivos para el resto de animales de compañía.

Cuánto cuesta incumplirla

El artículo 76 fija tres tramos de sanción:

El tramo depende sobre todo del daño causado. Según el artículo 73, incumplir una prohibición sin provocar daños físicos ni alteraciones de comportamiento en el animal es infracción leve. Si la conducta implica daño o sufrimiento, pasa a grave. Tener al perro atado en un punto fijo, por tanto, parte de los 500 euros y puede superar los 10.000 si el animal ha sufrido.

La gran polémica: a quién no se aplica

Lo más relevante lo encontramos en las excepciones que hace el artículo 1. La ley excluye de su ámbito a los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza, así como a los perros pastores y de guarda del ganado. También quedan fuera los animales de actividades profesionales, como los de rescate o los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ha sido una parte muy contestada por las asociaciones animalistas y por quienes buscan la protección del bienestar animal. Gran parte de los perros que tradicionalmente viven encadenados en fincas y explotaciones no están cubiertos por esta prohibición. Su protección depende de la normativa europea, estatal y autonómica que les corresponda.

Atado y desatendido es abandono

Para los animales que sí están cubiertos, la ley va más allá de la sanción leve. Su artículo 3 considera abandonado al animal que permanece atado o dentro de un recinto o finca sin que se atiendan sus necesidades básicas. Y el abandono es infracción grave, con multa mínima de 10.001 euros.

Quién multa... y por qué no siempre se está multando de verdad

La ley es estatal, pero no la aplica el Estado. El procedimiento sancionador corresponde a las comunidades autónomas y a las entidades locales, de modo que la intensidad con la que se persiguen estas conductas varía mucho de un territorio a otro.

Las sanciones existen. En Ceuta, la Consejería de Sanidad multó con 1.500 euros a un propietario por tres infracciones leves relacionadas con las condiciones en que mantenía a su perro, según El Faro de Ceuta. En junio de 2026, el Ayuntamiento de Ibiza incoó diez expedientes por abandono por un total de 100.010 euros, el mínimo legal de 10.001 euros por caso, según Periódico de Ibiza. El consistorio las presentó como sus primeras sanciones en esta materia desde la entrada en vigor de la norma.

Si el animal vive fuera

La ley no obliga a tener al animal dentro de casa. Para los que deban alojarse en espacios abiertos, el artículo 28 exige cuatro condiciones:

• Una estancia que lo proteja de las inclemencias del tiempo.
• Que no quede expuesto de forma prolongada al sol directo, la lluvia o el frío extremo.
• Dimensiones acordes a su tamaño y necesidades.
• Acceso a agua y comida, y condiciones higiénicas adecuadas.

Lo que sigue sin desarrollar

Tres años después, la ley continúa incompleta. El reglamento que debe desarrollar 25 de sus artículos salió a audiencia pública entre el 26 de junio y el 16 de julio de 2025 y, según la última información localizada, seguía en tramitación. De él dependen el curso obligatorio para tener perro y la cuantía del seguro de responsabilidad civil. Las prohibiciones sobre animales atados, en cambio, no necesitan reglamento: se aplican desde el primer día.

Los hogares y pymes con tarifa regulada de gas pagarán este invierno menos de lo que cuesta realmente su suministro, pero no gratis. El Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, limita al 35 % el incremento del coste de la materia prima que se aplica en la Tarifa de Último Recurso (TUR) desde el 1 de octubre. Es una manera de solventar el impacto de la Guerra EEUU-Irán en los consumidores, que hizo que el gas superase los 80 €/MWh en la UE durante la segunda semana de septiembre. La parte que no se cobra ahora se cargará en las facturas a partir de 2027, con intereses con intereses.

Cuánto sube ahora: Según el Ministerio para la Transición Ecológica, sin el tope la TUR habría subido más de un 45 % en la revisión de octubre, y con él el incremento se queda en torno al 15 %. Los precios definitivos ya están publicados en el BOE del 1 de octubre: el término variable sube un 22 %, según el cálculo del comparador ROAMS. La OCU estima que que un hogar con un consumo de 9.000 kWh al año habría pasado de unos 590 euros a entre 900 y 910 sin la medida. Con ella, la factura anual rondará los 703 euros. Los casi 200 euros de diferencia son los que quedan aplazados. 

Cuándo y cómo se devuelve: En las siguientes revisiones trimestrales, la subida del coste del gas quedará limitada al 15 % hasta que se recupere el déficit generado, según el Ministerio. La devolución empezará con la revisión del 1 de enero de 2027 y llevará un interés del 3,22 %, según esdiario.

La OCU hace una una lectura menos tranquilizadora: desde abril de 2027 la tarifa volvería a calcularse sin límites, por lo que toda la deuda acumulada en invierno podría cobrarse en un solo trimestre. 

Salir de la TUR no borra la deuda: Quien se pase al mercado libre tendrá que abonar la parte media de deuda pendiente, con independencia de lo que haya consumido. La resolución de la TUR fija esa deuda media unitaria acumulada en 2,051412 céntimos por kWh, antes de impuestos. Es parecido a la permanencia de los contratos móviles, pero según la OCU, con una penalización que el usuario desconoce. 

La diferencia con 2022: No es la primera vez que se topa la TUR. Durante la crisis de Ucrania, el déficit se financió con un crédito extraordinario de 3.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta vez lo pagan los propios usuarios. La OCU reclama volver a aquel modelo y que no se penalice a quien quiera cambiar de comercializadora. 

A quién afecta: La TUR tiene unos 3,1 millones de consumidores. Para saber si es su caso, compruebe que en la factura aparece "Tarifa de Último Recurso" o "TUR" y que la comercializadora es una de las cuatro de referencia: Comercializadora Regulada Gas & Power (Naturgy), Energía XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola) o Baser COR (TotalEnergies). 

Sobre la subida vertiginosa del precio de la criptomoneda Bitcoin surgen muchos pensamientos del tipo "Si lo hubiera sabido...". No es de extrañar, ya que esta moneda, creada por primera vez en 2009, ha pasado de valer un dólar en 2011 a superar actualmente los 76 000 euros por bitcoin.

Por lo tanto, es comprensible que el galés James Howells haya realizado numerosos esfuerzos para recuperar el disco duro con bitcoins que tiró por error en 2013.

Los datos más importantes del caso

El disco duro procede de un ordenador portátil y, al parecer, contiene una clave (es decir, la contraseña) para acceder a un monedero con la impresionante cantidad de 8.000 bitcoins. Al tipo de cambio actual, esto equivale a un valor de unos 608 millones de euros.

El problema: se encuentra en algún lugar bajo enormes montañas de basura en un vertedero de Newport, cerca de Cardiff. En realidad, Howells quería deshacerse de un disco duro vacío, pero hace más de trece años cometió el grave error de elegir el modelo equivocado.

A principios de 2025 se dictó una sentencia judicial en contra de Howells, por lo que ganó el Ayuntamiento de Newport (vía Ars Technica). Howells presentó un recurso de apelación, pero este fue desestimado en marzo de 2025. Posteriormente, anunció su intención de comprar el vertedero.

Ahora, Howells ha declarado entretanto a Forbes Australia que va a cesar todos sus esfuerzos por recuperar el disco duro:

Ya no pretendo comprar el vertedero. Ya no pretendo llevar a cabo ninguna excavación. Ya no pretendo entablar ningún diálogo con el Ayuntamiento ni con sus representantes.

Se trata de una moneda digital propia que, en teoría, estará respaldada por los bitcoins enterrados.

No obstante, esto solo tiene un significado simbólico: quien compre la moneda no tendrá acceso a los bitcoins y no podrá canjearlos por nada.

Howells espera que, con el tiempo, la moneda alcance el mismo valor que los bitcoins perdidos. Además, quiere utilizarla para financiar proyectos en su ciudad natal, Newport, y en el sur de Gales.

A día de hoy (octubre de 2026), Howells aún no ha puesto en marcha el proyecto.

¿Qué pasará con el vertedero? Al margen del caso de Howells, hay planes para cerrar el vertedero y convertirlo en un parque solar. Según el plan inicial, esto debería haberse llevado a cabo ya este año, pero se han producido retrasos.

Sea como sea, ahora se puede dar por hecho definitivamente que el disco duro nunca se encontrará. Al mismo tiempo, sigue sin saberse si Howells podrá zanjar alguna vez por completo este asunto.

A mediados de 2022, Howells aún tenía esperanzas en los intentos de recuperación con la ayuda de perros robot, en colaboración con un especialista en inteligencia artificial (según informó GameStar). Sin embargo, nunca obtuvo la autorización necesaria para ello.

La protección del medio ambiente como argumento en contra

La demanda de Howells contra el Ayuntamiento de Newport incluía tres posibles soluciones:

• Que el demandado entregue el disco duro al demandante.
• Que el demandado pague una indemnización equivalente al valor de los bitcoins a los que el demandante ya no puede acceder.
• Que el demandado permita al demandante excavar el vertedero con la ayuda de un equipo de expertos para poder buscar él mismo el disco duro.

La primera solución queda descartada mientras nadie sepa dónde se encuentra exactamente el disco duro.

Probablemente, el propio Howells sea consciente de que la segunda solución no parecería adecuada a ningún tribunal.

Por último, en contra de la tercera solución, el Ayuntamiento alega, entre otras cosas, que al excavar el vertedero podrían liberarse sustancias nocivas al medio ambiente.

Y luego hay otro punto crucial: el derecho de propiedad. 

¿A quién pertenece el disco duro?

Al haber tirado el disco duro, Howells ya no tiene, a juicio del tribunal, ningún derecho de propiedad sobre el mismo. Esto queda regulado en la Ley de Control de la Contaminación de 1974, es decir, en una ley destinada a combatir la contaminación medioambiental.

Los intentos de Howells por defenderse ante los tribunales no han tenido éxito, y el juez ha motivado su sentencia de la siguiente manera:

En mi opinión, no habría perspectivas realistas de que se determinara que la retención del disco duro por parte del demandado fuera injustificada. El demandado no lo retuvo para su propio beneficio ni porque lo quisiera. Lo retuvo porque estaba enterrado en el vertedero.

A esto se suma el hecho de que Howells no emprendió acciones legales hasta 2024, mientras que la situación se mantenía prácticamente sin cambios desde 2013 y él ya la conocía.

Sin embargo, en este caso se aplica un plazo de prescripción de seis años, que, por lo tanto, ya había expirado en 2019.

De todos modos, las esperanzas eran bajas

Por varios motivos: 

• Por un lado, cabe preguntarse si, tras tanto tiempo, los datos podrían recuperarse. Al fin y al cabo, el disco duro lleva más de una década enterrado bajo montañas de basura cada vez más grandes, sometidas a procesos de compactación.
• Por otro lado, la búsqueda en el vertedero, con 350 000 toneladas de residuos, se asemeja a la famosa búsqueda de una aguja en un pajar (aunque en 2013 se localizó una zona de unos 2 000 metros cuadrados con aproximadamente 15 000 toneladas de residuos, en la que probablemente se encuentre el disco duro).

Así pues, la búsqueda partió de una base inestable desde el principio. Con cada año que pasa, resulta cada vez más improbable que el disco duro aparezca aún en condiciones de uso.

Mientras tanto, un videojuego aborda de forma irónica el destino de Howells. Se llama One Man’s Trash. La BBC también quería rodar un documental sobre él, pero hasta ahora no se ha llegado a materializar.

En cualquier caso, solo cabe esperar que Howells pueda superar por fin su pérdida y mirar hacia adelante con total independencia del disco duro de bitcoins.